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La sentencia que acaba de dictar el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona plantea un reto muy importante en la legislación ambiental de la Generalitat y conlleva un callejón sin salida a los Ayuntamientos catalanes. El alcalde otorgó una licencia ambiental tipo A para la adecuación y legalización de una ampliación de una fábrica de piensos instalada en el casco urbano de la población, y en funcionamiento desde hace veinticinco años, pero el juez finalmente declara la nulidad de la licencia, obligando a clausurar la actividad.

Curiosamente, según destaca la sentencia, ni el Consejo Comarcal ni el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya se personaron en el juicio, a pesar de haber sido llamados. El Ayuntamiento había argumentado que la distancia mínima de 2000 metros, ¿qué infracción habían denunciado los demandantes, se contemplaba en una ordenanza municipal ya derogada, y que la legislación catalana vigente no contemplaba ninguna distancia mínima concreta, sino medidas suficientes de protección que ya se habían contemplado.

El Magistrado considera que la razón fundamental de la estimación de la demanda, radica en la vulneración de la distancia de 2000 metros de separación de núcleos, establecida por Reglamento estatal de Actividades Molestas de 1961, un reglamento que ya había sido derogado en Catalunya el año 1998, y en todo el Estado español en el año 2007.

Considera el juez que con la ley estatal 34/2007 se deroga el Reglamento de 1961, si bien se agarra a la disposición transitoria de esta ley para decir que Catalunya no dispone de una normativa medioambiental sobre distancias mínimas de separación, lo que se seguiría la indiscutible aplicación del antiguo reglamento que regula esa distancia mínima de 2000 metros. Argumenta el Magistrado que la situación legal actual es la siguiente (en español el original):

"1 .- La LIIAA no ha desplazado o derogado las previsiones sobre distancias que se contienen en los arts. 4, 15 y 20 del RAMINP, toda vez que en este particular la legislación catalana no ofrece una potencialidad protectora igual o superior a la del reglamento estatal. Y todo ello, en un régimen de distribución competencial que asigna al Estado el dictado de la normativa básica en materia medioambiental ya las Comunidades Autónomas la promulgación de "normas adicionales de protección" (de mayor protección ", se sobreentiende).

2.-Las Ordenanzas y los Planes urbanísticos municipales no pueden relajar las previsiones en cuanto a distancias mínimas, previstas directa e imperativamente por el art 4 RAMINP (ver art 6 regla segunda, del propio RAMINP). Por ello, las industrias fabriles que deban ser consideradas como peligrosas o insalubres, sólo podrán emplazarse, como regla general, a una distancia mínima de 2000 metros a contar del núcleo más próximo de población agrupada, sin perjuicio de que los Planes o las Ordenanzas puedan establecer prescripciones más rigurosas. De lo que se sigue que la calificación del suelo como industrial pueda llegar a considerarse como condición necesaria, pero no suficiente. (...)

3.-Es preciso atribuir la condición de industria fabril en cualquier actividad que lleve aparejado el tratamiento industrializado de aquellos elementos almacenados o depositados en sus instalaciones que, a su vez, constituyan el objeto comercial de la explotación.

4 .- El emplazamiento de una industria peligrosa (como la de los autos), o de industrias insalubres y nocivas a una distancia inferior a la prevista en el segundo inciso del art 4 RAMINP, sólo será admisible en casos "muy especiales o excepcionales", previo informe favorable del órgano que haga las veces de las extintas Comisiones Territoriales de Industrias y Actividades Clasificadas (arts, 15 y 20 RAMINP).
Ello no obstante, esa posibilidad deberá interpretarse de forma restrictiva, debiendo mediar, por añadidura, una ponderación de circunstancias sometida a mayores exigencias o mayor rigor, cuanto mayor sea la aproximación de la actividad a un núcleo de población agrupada.
También las medidas correctoras deberán atemperarse a ese grado de proximidad; y bajo ningún concepto podrá ser excepcionada la distancia mínima de 2000 metros apelando a razones meramente utilitarias o economicistas, como por ejemplo las basadas en la existencia previa o en la antigüedad de una parte de la actividad, o en los perjuicios económicos derivados de un eventual traslado.

5 .- La infracción de la distancia mínima a núcleo de población agrupado, constituye motivo más que suficiente para anular las licencias que se hubiera concedido con vulneración de lo dispuesto en el art 4 RAMINP.

6.-La denegación de una licencia de adaptación y legalización solicitada en méritos de la LIIAA, deberá traer consigo la cesación de efectos de la licencia obtenida en su momento al amparo de RAMINP..."


En caso de prosperar esta decisión jurisdiccional, que todavía no es firme pero se basa en numerosa jurisprudencia, peligra la continuidad de un montón de actividades productivas en todo el país, aunque dispongan ya de una licencia antigua.