Lunes, 21 de Marzo de 2011
En mi artículo anterior1 hacía referencia al peligro (penal medioambiental) que suponía para sus Alcaldes que centenares de Ayuntamientos de Cataluña tuvieran paralizadas las obras hidráulicas para el saneamiento de sus aguas residuales urbanas debido a la inacción de la ACA y las nefastas consecuencias para sus Alcaldes.
 
Pues bien, el pasado 14 de marzo el diario “AVUI” publicaba una extensa entrevista con el Consejero Lluís Recoder en la cual sin embudos – ya era hora que alguien dejara de tirar pelotas a Madrid- entonaba un “mea culpa” patriótico, poniendo el grito en el cielo por la desorbitada deuda que acumulaba la ACA: 1.700 MILLONES DE EUROS (“el déficit multimillonario de la ACA es una barbaridad”, decía).
 
He aquí el problema y la clave.
 
No entraremos ahora a examinar las causas del elevado espesor de la deuda y de la posible administración negligente – aquí nadie lo investigará, por lo que se ve-, pero sí sus posibles consecuencias. Pero es paradójico, que a estas alturas la prioridad sea el saneamiento de la propia ACA.
 
En efecto, sabemos que la ACA es la gestora de infraestructuras hidráulicas de la Generalitat.
 
Que administra y cobra el llamado canon del agua a los contribuyentes, siendo las propias Compañías de agua –municipales o no- las que se encargan de recaptar, el canon que todos pagamos a través de los recibos.
 
Y que es la encargada de financiar –en gran parte gracias a los ingresos que provienen del canon- las obras hidráulicas que se proyectan en el país.
 
Es de prever que las anunciadas inversiones millonarias en infraestructuras programadas y reprogramadas y vueltas a programar en los distintos PSARU no se lleven a término.
 
Pero, ¿cómo se pueden ejecutar si quien finanza las obras es la Generalitat a través de la ACA y esta se encuentra en el mismo estado financiero?
 
En qué situación quedaran, entonces, todos aquellos Ayuntamientos catalanes –con sus Alcaldes por delante- que no ven ni pueden ver el horizonte de sus obras de saneamiento de aguas residuales (colectores y estaciones depuradoras). ¿Cuándo estarán acabadas y aptas para el uso y el servicio público?
 
¿Cómo y cuándo estarán resueltos sus vertederos y quién los financiará? 
 
 
Y sobretodo: ¿qué postura adoptará la Fiscalia de Medi Ambient –con el Código Penal en la mano- delante de la emisión de vertidos que continuarán produciéndose?
 
El panorama que se avecina es –como diría aquél- “para crujir de dientes”.

Pablo Messeguer
SMS ADVOCATS

(1) artículo relacionado: Fiscalía-Medio Ambiente-Alcaldes: historia de una emboscada.