Barcelona, Madrid, València, Zaragoza, Badalona, Alcalà d’Henares i Fuenlabrada promouen el ‘Manifest per a l’acció climàtica’ que denuncia la inacció i les traves del Govern de l’Estat
La cimera mundial sobre el canvi climàtic, COP23, que va tenir lloc la setmana passada a Bonn, Alemanya, ha deixat clar el lideratge de les ciutats en la lluita contra el canvi climàtic, ja que és en aquestes on es generen el 70% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, al mateix temps que exigeixen importants processos d’adaptació, i són els principals centres d’innovació.
Les ciutats de l’estat espanyol a través dels seus governs locals ja estan duent a terme accions per mitigar les emissions i adaptar-se al canvi climàtic en àmbits tan diversos com la reducció i estalvi energètic, la mobilitat sostenible, la transició cap a energies renovables, la reducció de generació de residus, el reciclatge o l’economia circular. Totes aquestes accions són imprescindibles per reduir les emissions existents i disminuir els efectes del canvi climàtic que afecten directament a la salut de la ciutadania i les infraestructures urbanes.
No obstant això les ciutats són conscients que les propostes actuals han d’intensificar-se, i per això estan compromeses i disposades a anar més enllà per aconseguir els objectius establerts en l’acord de París, però per ser reeixides necessiten també del compromís de les altres administracions.
Per això un grup promotor de ciutats format per Barcelona, Madrid, València, Zaragoza, Badalona, Alcalà d’Henares i Fuenlabrada han elaborat el Manifest per a l’acció climàtica en el qual denuncien la inacció i les traves que està posant l’Estat en l’acció contra la lluita del canvi climàtic i promouen un conjunt de mesures específiques a dur a terme en l’àmbit estatal.
El Govern de l’Estat actualment dificulta l’autogeneració i la promoció de les energies renovables; continua recolzant la producció de carbó; no considera prioritària la lluita contra la pobresa energètica i no permet avançar en la transició cap a la sobirania energètica, factor clau en la lluita contra el canvi climàtic. A més, ha impugnat i ha portat al Tribunal Constitucional la Llei del Canvi Climàtic catalana. Aquesta situació ha de canviar.
Per això les ciutats reclamen al Govern de l’Estat que de forma urgent assumeixi tots els compromisos necessaris per afrontar el canvi climàtic, ja que té l’obligació de prioritzar la salut de la ciutadania, i té competències claus en àmbits estratègics com l’energètic i el transport.
El manifest exigeix que el Govern Estatal desenvolupi una estratègia integral davant el Canvi Climàtic amb compromisos progressius 2020/2030/2050 per aconseguir escenaris de descarbonització abans de mitjan segle. Una llei de canvi climàtic, que reconegui que existeixen raons físiques, de recursos i tècniques, que estableixen límits a la mera substitució dels combustibles fòssils per energies renovables per aconseguir escenaris que permetin reduir la petjada de carboni en la dimensió i en els temps requerits. Un Pla Nacional d’Adaptació al Canvi Climàtic, encarregat de generar informació i promoure la resiliència i l’adaptació de territoris, sistemes, sectors i recursos claus davant el canvi climàtic, que hauria de culminar amb l’elaboració dels corresponents plans en un termini de deu anys. O plans de pressupostos i balanços de carboni en activitats i àmbits clau.
El grup promotor ha fet arribar el manifest tant a l’Estat com a la Xarxa de Ciutats pel Clima perquè pugui ser adoptat per les ciutats que integren aquesta xarxa Estatal.
MANIFIESTO DE LAS CIUDADES PARA LA ACCIÓN CLIMÁTICA
Vivimos, tiempos de emergencia y excepción. Somos la primera generación que siente las consecuencias del cambio climático y la última que tiene la oportunidad de hacer algo para detenerlo.
Después de décadas de interesado o inconsciente negacionismo, prácticamente la totalidad de agentes sociales reconocen que, de no afrontar una profunda y rápida transformación de nuestros modelos energéticos, de producción y consumo, enfrentaremos – de hecho ya enfrentamos – una gravísima desestabilización global de los ecosistemas y ciclos que sustentan nuestra vida y que afectarán de forma directa a la seguridad, salud y bienestar de las personas.
El territorio del estado español es especialmente vulnerable y la incidencia del cambio climático será cada vez más importante en un territorio con una latitud geográfica entre 35oN – 45oN, un clima caluroso y seco, amplias zonas áridas y un litoral de 7.905 kilómetros, la mitad de playa, costa baja y zonas artificializadas por procesos masivos de urbanización. De hecho, el 45% de los principales ecosistemas (en términos de servicios ambientales) se encuentran en mal estado y el 80% del territorio afronta distintos niveles de riesgo de desertización antes de final de siglo.
Tal y como se reconocía en el acuerdo climático en la COP de París en 2016, habría que impulsar las transformaciones profundísimas para impedir que antes de mediados de siglo supere el umbral de 1,5aC. Afrontar este reto en nuestro territorio supone asumir cambios de una inmensa magnitud. En el plano de la mitigación deberemos reducir los consumos actuales, abandonar los combustibles fósiles, implantar sistemas renovables y reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) antes de 2050. Pero además, será preciso afrontar un proceso de adaptación rápida a los efectos del cambio climático que ya son inevitables y que permitan garantizar la seguridad de las mayorías sociales, así como del resto de especies vivas.
Las ciudades son agentes clave en este proceso. Emergen como los agentes principales en el cambio de paradigma ecosocial y su transformación constituye un factor clave para reaccionar ante el cambio climático.
En primer lugar, concentran a más de la mitad de las personas que vivimos en la Tierra. En segundo lugar, son los espacios en los que se genera más del 70% de PIB mundial. Son el mayor sumidero de energía y minerales, las mayores emisoras de Gases de Efecto Invernadero (GEI), generan cantidades ingentes de residuos y atraen alimentos del resto del mundo.
Paradójicamente, además de ser las mayores responsables en la presión sobre la Biosfera y la corteza terrestre, las ciudades son enormemente vulnerables ante la crisis energética-climática. Por un lado, son absolutamente dependientes en el plano material. El metabolismo urbano se sostiene a partir de recursos naturales y alimentos procedentes de zonas rurales dentro y fuera de las fronteras del estado. Por otra parte el cambio climático en el espacio urbano se expresa en la intensificación de las olas de calor, de las sequías, de los eventos climáticos extremos, o en la subida del nivel del mar en zonas costeras. Todos estos van a ser – son ya – patrones habituales a los que debemos adaptarnos a toda velocidad, teniendo en cuenta que los planes de adaptación deben velar porque su aplicación proteja especialmente a las poblaciones más vulnerables por cuestión de clase, género, procedencia o cualquier otro eje de desigualdad.
Afrontar el cambio climático en las ciudades, requiere actuar en todas sus dimensiones. Es preciso:
a) reducir el consumo energético y su impacto climático mediante el ahorro en los sistemas de ordenación urbana y el impulso de la sobriedad en los estilos de vida;
b) impulsar la ecoeficiencia, la movilidad sostenible o la edificación y urbanismo bioclimático;
c) apostar por una rápida transición a las energías renovables – teniendo en cuenta que las renovables requieren una intensificación en el uso de minerales y que, por tanto, deben acompañarse del principio de suficiencia que reduzca globalmente el uso de energía;
d) apostar por un cambio en los sistemas alimentarios que favorezcan los circuitos cortos de comercialización, la producción de alimentos locales y de temporada, la adaptación de las producciones agrarias a las vocaciones de cada territorio o la reducción de ingesta de proteína animal, dado el efecto directo que tiene en las GEI;
e) desarrollar políticas de reducción de los residuos, reutilización y establecer medidas en el diseño y producción que permitan el cierre de ciclos de materiales
f) adaptar los sistemas de salud a los previsibles efectos que tendrá el cambio climático sobre los cuerpos de las personas, sobre todo de las más vulnerables;
g) organizar un sistema de información y sensibilización a la ciudadanía que permita que comprendan la magnitud del problema, las medidas a tomar y convierta a las personas en cómplices y protagonistas de un proceso que no se les puede hurtar, a fin de cuentas son sus propias vidas y las de sus hijos e hijas lo que está en juego;
h) velar por la existencia de mecanismos de distribución de la riqueza, de las obligaciones y de las consecuencias del cambio climático, de forma que no sean aquellos sectores más pobres o marginales quienes sufran las peores consecuencias;
i) acoger con responsabilidad, solidaridad y alegría a las personas que tengan que emigrar a causa de la pérdida de su hábitat. A fin de cuentas sus territorios se deterioraron porque funcionaron como minas y vertederos para favorecer los metabolismos económicos de las zonas enriquecidas.
Todas estas acciones deben ser acometidas en las ciudades. De hecho, desde los gobiernos locales, muchas ciudades las están impulsando, pero no tendrán la dimensión que requiere la gravedad del momento si no son acompañadas por una acción decidida y urgente por parte del gobierno central, que ostenta las competencias finales en una buena parte de las transformaciones a realizar.
Una acción que complemente las propuestas que ya se están llevando a cabo en diversos ámbitos territoriales como la recientemente aprobada ley de cambio climático de Cataluña que plantea ambiciosos objetivos globales necesarios, y diversas medidas a llevar a cabo, para poder afrontar la problemática del cambio climático.
Por ello, las ciudades reclaman al gobierno central que de forma urgente asuma todos los compromisos necesarios para afrontar el desafío del cambio climático, cumpliendo la obligación de poner en el centro la seguridad de las personas a las que gobierna y del territorio que estas habitan.
Y concretamente exigimos al gobierno de España:
1. Otorgar el tratamiento jurídico adecuado a la cuestión climática para poder abordar sin interferencias los objetivos planteados en cada momento por el Parlamento del país. La importancia del desafío es tal que debería considerarse una cuestión clave para el bien general y, como tal, recibir el tratamiento constitucional y jurídico que permita, adoptar desde el interés público las medidas de excepcionalidad y urgencia que en cada momento se consideren oportunas.
2. Dotarse de una Estrategia Integral ante el Cambio Climático 2020/2030/2050 para alcanzar escenarios de descarbonización antes de mediados de siglo y, a la vez, impulsar con decisión el desarrollo de un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. La Estrategia debería articularse con hojas de ruta post-París más ambiciosas y coordinarse con las acciones que se lleven a cabo en las comunidades autónomas, ciudades y principales sectores. Para que sea eficaz, se deberán establecer las medidas oportunas en todos los campos (generación, redes de distribución, demandas finales y establecimiento de sistemas de evaluación de huellas de carbono en sectores clave, información y sensibilización), y medidas facilitadoras (financiación suficiente, I+D,) para cumplir los objetivos correspondientes.
3. Crear un observatorio independiente que evalúe la evolución de esta Estrategia y una agencia específica encargada de impulsarla.
Llevar a cabo la Estrategia y del Plan Nacional de Adaptación y conseguir realizar las transformaciones precisas en los tiempos necesarios, constituye un enorme reto que requeriría medidas urgentes y excepcionales en el plano político, jurídico, científico, económico- financiero y educativo. Por ello, sería necesario alcanzar: 1) un acuerdo político y social muy amplio; 2) un respaldo jurídico institucional consistente, incluso en el marco constitucional, para superar los intereses corporativos del oligopolio energético por vías que podrían ir desde mejoras en la regulación hasta la socialización del sector; 3) el apoyo científico y técnico para resolver las carencias del conocimiento existente; y 4) los recursos económicos y financieros precisos para acometer las transformaciones precisas en los tiempos indicados.
4. Establecer una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que reconozca que existen razones físicas, de recursos y técnicas, que establecen límites a la mera sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables para alcanzar escenarios que permitan reducir la huella de carbono en la dimensión y en los tiempos requeridos.
Ello requiere llevar a cabo una serie de prioridades: 1) limitar el despilfarro y los consumos superfluos estimulando una cultura social de la sobriedad y la suficiencia; 2) implementar medidas de ecoeficiencia pasiva (que reducen los consumos sin necesidad de gasto energético) y de gestión inteligente de la demanda; 3) utilizar medidas de ecoeficiencia activa a partir de sistemas renovables y tecnologías adecuadas sistemas renovables o equipos eficientes, etcétera);
La transición energética en tiempos en los que la energía no será abundante ni barata y el cambio climático seguirá avanzando con fuerza, habría de discurrir por un camino muy estrecho: producir los bienes y servicios necesarios para la población (unos 41 millones de habitantes en 2050 según el INE), y abordar la transición de las infraestructuras energéticas, sin desbordar los límites establecidos en el marco europeo e internacional pos-París, en términos de consumo de energía y de emisión de GEI. Ello implica establecer en la Estrategia y la ley mencionadas anteriormente medidas que permitan compatibilizar todos los aspectos.
5. Desarrollar el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, encargado de generar información y promover la resiliencia y la adaptación de territorios, sistemas, sectores y recursos claves ante el cambio climático, debería culminar la elaboración de los correspondientes planes en un plazo de diez años y conseguir que el conjunto del territorio pudiera ser considerado "resiliente" antes de mediados de siglo.
6. Concretar planes de presupuestos y balances de carbono en actividades y ámbitos clave.
